EL SERENAZGO Y LA POLICIA NACIONAL EN HUARAZ

En la competencia en la lucha contra el crimen, se han implementado dos instituciones. La primera es la Policía Nacional del Perú, que ya tiene buenos años de existencia y la segunda es el SERENAZGO, de casi reciente creación, esto ha permitido a los ciudadanos y ciudadanas que tienen alguna dificultad, contingencia o problema hacer un pedido de auxilio o atención a cualquiera de estas dos instituciones, es decir, el ciudadano hace el llamado a una de estas instituciones o a las dos instituciones paralelamente y la respuesta a estos pedidos de emergencia lo vamos a contestar con las siguientes preguntas con sus respuestas respectivamente,  ¿cuál de estas dos instituciones llega primero ha llamado de emergencia? en muchos de los casos los primeros en llegar son los integrantes del SERENAZGO,  ¿por qué?, ¿acaso  el SERENAZGO tienen mejor logística? Es decir tiene mayores unidades de vehículos, más gasolina, etc. ¿acaso los integrantes del SERENAZGO están mejor preparados? tienen capacitación permanente, mejor que la policía, creo que no, ¿qué hace que la gente confíe más en SERENAZGO?

Por su parte, nuestra Policía Nacional, por supuesto tiene por atribución constitucional el cuidado de la tranquilidad y  seguridad pública al interior del país a nivel nacional, regional y local  (en todos los niveles del poder) obviamente, dado a la permanencia en el tiempo tiene mejor infraestructura, mejor logística, mayor número de efectivos, mejor preparación y capacitación en comparación con el SERENAZGO, entonces, los miembros de la PNP deberían ser los que por su propia naturaleza sean quienes guíen como padres a sus hijos al SEREZNAZGO, y mejoren mucho más su trabajo, en este extremo debo manifestar que existen muy buenos policías, bien preparados, honestos y de alta moral, bueno fuera que todos sus miembros sean así, sería lo ideal, pero al igual que en otras instituciones algunos miembros siempre malogran a la institución, obviamente que es de esto tampoco se escapa el SERENAZGO.  

Respecto a sus remuneraciones, como en la mayoría de sectores del sistema estatal, nuestra  Policía Nacional sigue siendo relegado, es decir, sus integrantes tienen bajas remuneraciones, en especial los sub oficiales, que no son  suficientes para cubrir sus necesidades, el gobierno central debería priorizar el aumento real de sueldos a ellos y no aumentar a un grupo de malos políticos como los Ministros que ahora ganan treinta mil soles mensuales, un robo legal, un insulto a la pobreza y una verdadera traición a la patria, ese dinero que se han aumentado los ministros, debió servir para el aumento de sueldos a la policía y a los otros trabajadores públicos, lamentablemente a veces gente miserable llega al poder a esquilmar los fondos económicos del país.

Frente a todo ello, con fortalezas y debilidades, es un reto real y actual que nuestra Policía Nacional recobre la confianza de la población y de esta manera sean ellos, los indicados de llegar en el más breve plazo a los llamados de emergencia, es decir, llegar primeros al lugar de los hechos, incluso antes que el SERENAZGO, con la finalidad de brindar un apoyo inmediato a las personas que lo necesitan, víctimas o potenciales víctimas de algún delito o falta y por supuesto darle un trato justo a las personas  imputadas. Se quiera o no aceptar, existe una especie de competencia entre la PNP y el SERENAZGO, en llegar primero a los lugares de emergencia, por el momento el SERENAZGO tiene cierta ventaja en dicha competencia.

                  

Por otro lado, los integrantes del SERENAZGO no están en planillas, generalmente tienen contratos de Locación de Servicios, no se les paga puntualmente, existe deficiencia en este extremo, por parte del alcalde, los regidores y algunos funcionarios, a la fecha no puede ser superado, frente a los reclamos de los serenos, efectuados a las autoridades del ramo, les indican que no les pueden pagar porque los vecinos no pagan sus tributos a tiempo (no se le puede responsabilizar al 100% a los vecinos de la falta de pago), argumento verdadero o falso, que no justifica de ninguna forma el tratamiento y el respeto de los derechos laborales de estar personas, es más, se debe buscar soluciones a mediano y largo plazo, como por ejemplo luchar para que se consigan plazas orgánicas y presupuestadas, para que estos trabajadores tengan mayores derechos laborales, aprovechando que las municipalidades tienen autonomía y que está dentro de sus facultades.

También, no cabe duda, que muchos o pocos alcaldes y/o regidores han utilizado al SERENAZGO para sus fines e interés personales y políticos, los han utilizado para fines mezquinos, esto es cuestionable y no debe ser así, también es cierto que el SERENAZGO es cuestionado por los vendedores informales, porque nos les permiten vender en ciertos lugares de la ciudad o les incautan sus productos, por supuesto, ellos no son los que toman las decisiones, pero es la lógica del trabajo que realizan, las malas decisiones de los alcaldes, regidores o gerentes, al final lo asumen los del SERENAZGO. Finalmente, el trabajo que realiza el SERENAZGO y la PNP debe desarrollarse de forma coordinada y de mutuo apoyo, pues en realidad no existe duplicidad en las funciones que cumplen estas dos instituciones.

LA INDEMNIZACION EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

Conforme a lo estipulado en la Ley N° 27584 y sus modificatorias,  se  estipula la Acción Contencioso Administrativa, que se establece el procedimiento que implica que los ciudadanos o ciudadanas que consideran que sus derechos han sido desconocidos o vulnerados las por autoridades públicas (o simplemente las autoridades han omitido pronunciarse)  pueden recurrir contra  aquellas, para solicitar la nulidad de los mencionados actos emitidos y el Poder Judicial,  en cumplimiento al contrapeso y  equilibrio de poderes proceda a “ordenar” ojo, pestañas y cejas “ordenar” a la autoridad administrativa, el reconocimiento o reivindicación solicitada por los justiciables. 

 

El mencionado cuerpo legal, prescribe taxativamente en el  Artículo 26 de la Ley N° 27584.- titulada, pretensión indemnizatoria, lo siguiente: la pretensión de indemnización de daños y perjuicios se plantea como pretensión principal, de acuerdo a las reglas de los Códigos Civil y Procesal Civil. En efecto, las puertas para la solicitud de la indemnización acumulada están abiertas y por tanto exigible judicialmente.

Obviamente, que la persona interesada en el reconocimiento de la indemnización que con justicia solicita, tiene motivos atendibles y justamente por eso se ve en la necesidad de solicitar y cobrar una indemnización económica, en efecto, si a usted, por ejemplo, una autoridad administrativa  misantrópica le desconoce un derecho legal y constitucional y decide  recurrir mediante el Contencioso - Administrativo al Poder Judicial, puede acumulativamente pedir una indemnización económica, la ley no establece un mínimo, ni un máximo, se entiende que puede solicitar desde un sol, incluso pueden sobre pasar el millón de soles, pero dicho pedido indemnizatorio está condicionado a probar el agravio.

En este orden de ideas, los daños y perjuicios, se tienen que demostrar con documentos fehacientes de fecha cierta, según sea el pedido específico, por ejemplo demostrar el lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la persona, etc. La obligación de probar lo tiene el accionante o demandante, conforme las reglas del proceso civil general “la carga de la prueba lo tiene quien afirma los hechos” entonces no solamente es pedirlo indiscriminadamente, sino demostrarlo, de lo contrario y si su persona no demuestra lo alegado, simplemente el Poder Judicial declarará infundado su pretensión indemnizatoria.

En el Perú actual, la generalidad de funcionarios se caracterizan por el ejercicio abusivo del poder, por su hipocresía y deficiente gobierno, la mayoría lamentablemente se caracteriza por ello, en consecuencia, los trabajadores y ciudadanos,  con legítimo interés deben defender sus derechos y pueden o deberían pedir acumulativamente sus pretensiones indemnizatorias, derechos son derechos y no son pedidos de dádivas a los funcionarios, menos al Poder Judicial.

Pero el pedido masivo de la pretensión indemnizatoria contra los órganos del estado, conllevaría a que el Estado del Perú colapse, por la cantidad de demandas que se pueden incoar, obvio que sí,  pues ya en la actualidad existen un sinfín de procesos judiciales de esta naturaleza o sea que estos procesos se han convertido en pan de cada día, muy lamentable por supuesto, todo ello gracias a gente inescrupulosa que ha llegado a los cargos públicos ya sea por voto popular, por ejercer cargos de confianza o por haber ganado un concurso público, estos malos servidores y malos funcionarios públicos ha invertido la regla, “desconocer derechos fundamentales y constitucionales es normal y general mientras que reconocer derechos es la excepción a la regla, cuando lo correcto debe ser justamente lo contrario”, y a este proceder se debe añadir la absoluta lentitud en la actuación del Poder Judicial, juicios que duran años y años, muchos trabajadores ha fallecido sin haber visto el resultado de su juicios, esto es aterrador por supuesto, pero para muchos retrógrados funcionarios públicos es “normal”, una estadística más, un juicio menos por fallecimiento del demandante.

Debe quedar claro que de lo que se trata no es hacer colapsar al sistema en sí, con las pretensiones indemnizatorias, sino castigar a los funcionarios y servidores responsables de los actos injustos, injustificados o manifiestamente ilegales e inconstitucionales, es decir, no se puede responsabilizar económicamente al estado peruano y hacerle pagar como su fuera el responsable, (suficiente que el estado malgaste en los altos sueldos de treinta mil nuevos soles por cada mal ministro que tenemos), en efecto, esta ley debe ser modificada y su redacción debe ser expresa y descriptiva,  para que los funcionarios y/o servidores públicos que cometan una injusticia contra un ciudadano o trabajador peruano  paguen con su peculio, con sus propiedades, se les embargue y se remate sus bienes, si no quieren  pagar  estas indemnizaciones solicitadas, ellos, solamente ellos, deben pagar el monto económico por concepto de indemnización  y no el estado, el estado no, de ninguna manera, que tal lisura, un misántropo funcionario o servidor público, comete una abuso, desconoce un derecho y no se le va a obligar a pagar la indemnización y va ser el estado quien lo pague, no puede ser, esta modificatoria de la ley debe darse urgentemente, pues va a servir como freno para que estos sujetos que llegan al poder local, regional o nacional no cometan abusos en el ejercicio de poder y si lo hacen que se atengan a la consecuencia, de ser obligados a pagar personalmente y con su patrimonio privado, las indemnizaciones en los procesos Contenciosos Administrativos, sin afectar los recursos económicos del estado peruano.                                             

Publicado en la Revista “Actualidad Ancash”. N° 39

EL SERENAZGO Y LA POLICIA NACIONAL EN HUARAZ

En la competencia en la lucha contra el crimen, se han implementado dos instituciones. La primera es la Policía Nacional del Perú, que ya tiene buenos años de existencia y la segunda es el SERENAZGO, de casi reciente creación, esto ha permitido a los ciudadanos y ciudadanas que tienen alguna dificultad, contingencia o problema hacer un pedido de auxilio o atención a cualquiera de estas dos instituciones, es decir, el ciudadano hace el llamado a una de estas instituciones o a las dos instituciones paralelamente y la respuesta a estos pedidos de emergencia lo vamos a contestar con las siguientes preguntas con sus respuestas respectivamente,  ¿cuál de estas dos instituciones llega primero ha llamado de emergencia? en muchos de los casos los primeros en llegar son los integrantes del SERENAZGO,  ¿por qué?, ¿acaso  el SERENAZGO tienen mejor logística? Es decir tiene mayores unidades de vehículos, más gasolina, etc. ¿acaso los integrantes del SERENAZGO están mejor preparados? tienen capacitación permanente, mejor que la policía, creo que no, ¿qué hace que la gente confíe más en SERENAZGO?

Por su parte, nuestra Policía Nacional, por supuesto tiene por atribución constitucional el cuidado de la tranquilidad y  seguridad pública al interior del país a nivel nacional, regional y local  (en todos los niveles del poder) obviamente, dado a la permanencia en el tiempo tiene mejor infraestructura, mejor logística, mayor número de efectivos, mejor preparación y capacitación en comparación con el SERENAZGO, entonces, los miembros de la PNP deberían ser los que por su propia naturaleza sean quienes guíen como padres a sus hijos al SEREZNAZGO, y mejoren mucho más su trabajo, en este extremo debo manifestar que existen muy buenos policías, bien preparados, honestos y de alta moral, bueno fuera que todos sus miembros sean así, sería lo ideal, pero al igual que en otras instituciones algunos miembros siempre malogran a la institución, obviamente que es de esto tampoco se escapa el SERENAZGO.  

Respecto a sus remuneraciones, como en la mayoría de sectores del sistema estatal, nuestra  Policía Nacional sigue siendo relegado, es decir, sus integrantes tienen bajas remuneraciones, en especial los sub oficiales, que no son  suficientes para cubrir sus necesidades, el gobierno central debería priorizar el aumento real de sueldos a ellos y no aumentar a un grupo de malos políticos como los Ministros que ahora ganan treinta mil soles mensuales, un robo legal, un insulto a la pobreza y una verdadera traición a la patria, ese dinero que se han aumentado los ministros, debió servir para el aumento de sueldos a la policía y a los otros trabajadores públicos, lamentablemente a veces gente miserable llega al poder a esquilmar los fondos económicos del país.

Frente a todo ello, con fortalezas y debilidades, es un reto real y actual que nuestra Policía Nacional recobre la confianza de la población y de esta manera sean ellos, los indicados de llegar en el más breve plazo a los llamados de emergencia, es decir, llegar primeros al lugar de los hechos, incluso antes que el SERENAZGO, con la finalidad de brindar un apoyo inmediato a las personas que lo necesitan, víctimas o potenciales víctimas de algún delito o falta y por supuesto darle un trato justo a las personas  imputadas. Se quiera o no aceptar, existe una especie de competencia entre la PNP y el SERENAZGO, en llegar primero a los lugares de emergencia, por el momento el SERENAZGO tiene cierta ventaja en dicha competencia.                  

Por otro lado, los integrantes del SERENAZGO no están en planillas, generalmente tienen contratos de Locación de Servicios, no se les paga puntualmente, existe deficiencia en este extremo, por parte del alcalde, los regidores y algunos funcionarios, a la fecha no puede ser superado, frente a los reclamos de los serenos, efectuados a las autoridades del ramo, les indican que no les pueden pagar porque los vecinos no pagan sus tributos a tiempo (no se le puede responsabilizar al 100% a los vecinos de la falta de pago), argumento verdadero o falso, que no justifica de ninguna forma el tratamiento y el respeto de los derechos laborales de estar personas, es más, se debe buscar soluciones a mediano y largo plazo, como por ejemplo luchar para que se consigan plazas orgánicas y presupuestadas, para que estos trabajadores tengan mayores derechos laborales, aprovechando que las municipalidades tienen autonomía y que está dentro de sus facultades.

También, no cabe duda, que muchos o pocos alcaldes y/o regidores han utilizado al SERENAZGO para sus fines e interés personales y políticos, los han utilizado para fines mezquinos, esto es cuestionable y no debe ser así, también es cierto que el SERENAZGO es cuestionado por los vendedores informales, porque nos les permiten vender en ciertos lugares de la ciudad o les incautan sus productos, por supuesto, ellos no son los que toman las decisiones, pero es la lógica del trabajo que realizan, las malas decisiones de los alcaldes, regidores o gerentes, al final lo asumen los del SERENAZGO. Finalmente, el trabajo que realiza el SERENAZGO y la PNP debe desarrollarse de forma coordinada y de mutuo apoyo, pues en realidad no existe duplicidad en las funciones que cumplen estas dos instituciones. 

ANCASH, ¡CUIDADO CON LA REDISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO!

Hace algunos meses atrás, el presidente Ollanta Humala Tasso y el Premier César Villanueva Arévalo, han puesto en la agenda política la nueva redistribución del canon minero, Ollanta ha puesto como ejemplo de lo que no debe ser al Distrito de Echarate, en la Provincia de Quillabamba de la Región Cuzco, a primera vista se ha guiado por los niveles del poder de forma parcial (local y regional), pues no mencionó el nivel nacional de gobierno y los ingresos que tiene éste por concepto del canon minero, ha indicado textualmente lo siguiente: “para que no suceda el tema de provincias que tienen más plata que una región o distritos que tienen más plata que una provincia y no saben qué hacer con esa plata …”, en efecto se da en algunos casos, no en todos. Y ¿es obligatorio que una región tenga más ingresos que una provincia?, en realidad es un asunto discutible de posición personal y de intereses políticos y obviamente que se puede encontrar fundamentos para respaldar cada una de esas posiciones. Ollanta Humala, también ha indicado que existen distritos que no tienen ingresos por este concepto y por supuesto que es verdad, entonces lo que pretende es dar a estos lugares un porcentaje poco o bastante del canon minero y justamente por ello es que está con la intención de presentar un proyecto de ley para modificar la ley actual del canon minero. Por su parte César Villanueva, Primer Ministro, ha referido también que busca la distribución del canon de forma homogénea e inclusiva en todas las regiones del país, frente a esta propuesta ha salido Alfonso García Miró, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) dándole todo su apoyo.

¡LOS ALCALDES NO SABEN USAR LA PLATA QUE RECIBEN DEL CANON MINERO!, A DICHO OLLANTA MOISES. Y el municipio de Echarate no sabe qué hacer con la plaza y tiene más de mil millones en el banco, categórico refirió el jefe de estado, ¿y el gobierno central sabe usar la plata de todos los peruanos que administra? Claro que no, por lo menos viene maltratando a los trabajadores y extrabajadores en el caso del FONAVI, les hace sufrir para pagarles y esta mala actitud se ha convertido en endémico, pues Alan García, también se negó a pararles y para el colmo de males, malgastó los fondos en un referéndum en la que le gano el sí a la devolución del dinero aportado al FONAVI. Y en las remuneraciones viene fomentado la desigualdad que incluso ha llegado a índice 1, donde hace ricos a pocos y empobrece a la gran mayoría. Es falso que todos los alcaldes no sepan gastar la plata que tienen por concepto del canon minero, obviamente algunos alcaldes abusan del ejercicio del poder y malgastan el dinero, como también lo hace el gobierno central en muchos de los casos, este último los supera en el ejercicio de estas malas artes y le dan mal uso al dinero de todos los peruanos y pese a ello se viene desprestigiando a los alcaldes y así pretenderles quitar estos ingresos, para supuestamente repartirlos a los municipios y regiones que no tienen este beneficio. ¿El gobierno central que debe hacer con los alcaldes que supuestamente no saben utilizar la plata del canon como lo ha dicho?, debe capacitarlos, si es que lo puede hacer, porque hay extrema deficiencia en el manejo de los fondos públicos en el gobierno central, entonces con esta carencia se recurre a lo más fácil querer quitarles el manejo de la palta del canon, es una salida simplista por decir lo menos.

¿DONDE ESTÁN LOS PINGÜES INGRESOS ECONÓMICOS QUE TIENE EL GOBIERNO CENTRAL POR CANON MINERO? Responda, Señor Ollanta, en que lo utiliza, bien o mal el 50% que por canon usted utiliza, y hágalo de forma pública a todos los peruanos y peruanas, no solamente pretenda arrebatar los no muchos milloncitos que tienen los gobiernos locales y regionales que con justo derecho lo tienen y usan, además por derecho natural les corresponde por estar ubicados dichos yacimientos en sus jurisdicciones, ¡basta de centralismos!, se pretende afectar a las regiones mientras que el gobierno central no va a soltar ni un solo sol, ¿se quieren hacer los buenos y justos con plata ajena de los municipios y gobiernos locales y regionales. ¿Acaso el gobierno central no tiene ingresos económicos por canon minero? Sí lo tiene y es el 50% ¿por qué EL GOBIERNO CENTRAL NO REDISTRIBUYE este porcentaje que recibe por canon a los gobiernos locales y regionales que no tienen dicho beneficio? La respuesta salta a la vista, pretende afectar a los gobiernos locales y regionales que tienen ingresos por este concepto y el gobierno central nada de soltar ni un solo para las regiones no municipios que no tienen ingresos por canon minero.

NI UN NUEVO SOL DEBE SALIR DE ANCASH EN LA NUEVA REDISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO QUE PRETENDE HACER OLLANTA MOISES. Sí señor, ni un nuevo sol debe salir de Ancash en la redistribución que pretende hacer Ollanta Moises, debe haber una redistribución sí, pero dentro de la Región Ancash, es decir, se debe buscar equidad entre las provincias y distritos de Ancash, es verdad que algunos municipios tienen mucho más ingresos económicos por canon que otros municipios y otras provincias tienen más ingresos económicos por canon que otras provincias, también es verdad que otros distritos tienen más dinero que las provincias, pero no existe nada de malo que lo tengan, lo que en el fondo se busca es que esos pueblos que fueron excluidos miles de años se recuperen y puedan salir adelante y no quitarles la plata del canon por caprichos y celos políticos.

TODOS LOS ALCALDES DEBEN FIRMAR COMPROMISOS DE DEFENDER LA PLATA DEL CANON PARA ANCASH Y NO PERMITIR QUE DICHA PLATA SALGA DE NUESTRA REGIÓN. En efecto, los alcaldes como líderes de sus poblaciones deben salir a defender el derecho de manejar su dinero por canon, tengo entendido que los alcaldes tienen su asociación, es ahora o nunca, en que debe funcionar esta asociación y ponerla en marcha, el canon le pertenece a Ancash por cuestiones históricas, geográficas, políticas y de ubicación, no es una dadiva del gobierno central, menos del presidente actual, en todo caso de no poder activar o reactivar la asociación de alcaldes, se deben formar comités de defensa del canon minero para que no se nos arrebate la plata del canon lo que nos pertenece. Cuidado, señores alcaldes, que el bosque no les permita ver el árbol, cuidado, que por querer tener unos soles en sus municipios por canon minero, hagan que el gobierno central termine perjudicando a todo Ancash.

TODO EL PUEBLO ANCASHINO DEBE ESTAR CON LOS OJOS ABIERTOS En efecto, la participación de la población debe manifestarse de forma disciplinada para defender este justo derecho a la percepción por concepto del canon dentro de Ancash en sus municipios y en los gobiernos regionales, el pueblo debe estar consciente de lo puede significar la redistribución del canon que pretende hacer el ejecutivo ya que esto puede significar una pérdida sustancial de los ingresos económicos a todos los municipios de Ancash. La sabiduría del pueblo sobre el canon también está en juego, no vaya ser que por la antipatía que algunos tengan a sus alcaldes o al presidente regional pueda más y se desvíe la atención y al final se termine aceptando que la plata del canon salga de nuestra región, no olvide, amable lector, de lo que se trata es que la plata del canon no salga de Ancash.

PROPUESTA DE REDISTRIBUCION DEL CANON MINERO, CON PORCENTAJE PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL Y UN PORCENTAJE PARA LAS MUNICIPALIDADES DELEGADAS.

El congresista,  ………………………………………….., Congresista de la República del Perú, con la facultad que le confiere la Constitución Política en el Artículo N° 107, propone el siguiente Proyecto de Ley:

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY N° 27506 LEY DEL CANON, modificados por la Ley N° 28077 (10.08.04)

CONSIDERANDO:

Que, la ley del canon es un ingreso económico proveniente de las restas captadas periódicamente por el estado y a la fecha ha estado  determinado al gobierno regional y local para uso exclusivo de infraestructura que ha permitido mejoras en las localidades donde se ha ejecutado diversas obras.  

 

Que, si bien las obras de infraestructura son importantes para el desarrollo de los pueblos del interior del país, también es cierto que el individuo que forma parte del estado peruano en calidad de trabajador público, es quien posibilita el funcionamiento del sistema democrático y por tanto tiene el derecho de percibir los ingresos que tiene el estado, ya que sin él, el estado no podría funcionar.

  

Que, desde muchos años atrás, los trabajadores públicos han venido siendo recortados y desconocidos en sus derechos, en muchos casos han sido tratados como ciudadanos de segunda categoría, ya que no se les ha quitado y recortado diversas bonificaciones tal es el caso de los docentes del sector educación, a quienes se no se les ha pagado el 30% del sueldo total por bonificación por preparación de clases y evaluación desde el año de 1991, con la promulgación del Decreto Supremo N° 051 – 91 – PCM, por lo que en virtud a ello se han venido calculado tal bonificación en base al suelto total permanente.

     

Que, el Tribunal del Servicio Civil – SERVIR Lima, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, han venido reconociendo de manera progresiva y de forma unánime el pago de la bonificación del 30% del sueldo total por preparación de clases y evaluación en base al Artículo 48 del Decreto Supremo 019 – 90 – ED Reglamento de la Ley del Profesorado N° 25212, en cuyo Artículo 210 reconoce tal derecho, significando ello, una deuda considerable que tiene el estado a los trabajadores de la educación, es más existen diversas sentencias que han sido y vienen siendo declaradas fundadas por el Poder Judicial.

     

Que, de igual forma el estado tiene deudas a los trabajadores por bonificaciones por haber cumplido 20, 25 y 30 años de servicio, así como por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, beneficios que no se materializan pese a que los trabajadores del sector estatal ya cuentan con sendas resoluciones a su favor, en consecuencia el estado peruano tiene la obligación de tratar bien a sus trabajadores y pagarles en su oportunidad estos derechos y diversas bonificaciones ganados. 

Que, por otro lado, el municipio o municipios donde se explotan los recursos minerales, se han visto beneficiados enormemente con los ingresos por concepto de canon minero, en muchos de los casos de manera injustificada y desproporcional, en desmedro de diversos municipios, principalmente los municipios delegados ubicados en los centros poblados del interior de los distritos no productores ubicados dentro de las regiones, máxime si se tiene en cuenta que dichos recursos pertenecen a todos los peruanos y no sólo al distrito productor, y por tanto corresponde su redistribución de forma lógica y justa.  

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente modificatoria a la distribución y uso del canon tiene con fundamento dos aspectos importantes: 1 La infraestructura que se construye  dentro de las regiones y 2 el trabajador público como ente que sostiene y hace posible el funcionamiento de nuestro sistema; en las regiones con canon se ha visto grandes obras que han mejorado la calidad de vida de sus poblaciones, pero respecto a los trabajadores públicos, como integrantes del estado y de la sociedad, el estado no ha podido tratarlos con respeto a su dignidad, ni ha podido cumplir con sus obligaciones económicas que tiene, motivo por el cual ha venido recortando ciertas bonificaciones que les corresponden según ley, es por ello que dichos trabajadores ha recurrido a los órganos constitucionales que tiene el Perú y han logrado el reconocimiento de sus justos derechos; lo que significa que el estado tiene una deuda histórica a favor de los trabajadores públicos, lo que tiene que ser atendido de forma oportuna y  mientras el maestro y cualquier otro servidor público se encuentre con vida.

La deuda social interna debe ser solucionado por el poder ejecutivo, no obstante ello, el  poder legislativo representado por el Congreso de la República y al que lo integramos, no puede estar indiferente frente a esta problemática y estando dentro de sus atribuciones la creación, modificación, derogación y abrogación de leyes, es constitucional que este órgano apoye al ejecutivo, en la solución de esta problemática de la deuda social interna que tiene el estado a sus trabajadores con la modificación de la ley del canon que nos ocupa, sin descuidar el objetivo primigenio del uso del canon, mejor aún si se tiene en cuenta el Artículo 24, segundo párrafo de nuestra Carta Magna que prescribe textualmente lo siguiente: “el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador (el estado peruano en este caso es el empleador)” motivo por el cual se encuentra plenamente justificado asignar cierto porcentaje del canon a lo adeudado por el estado en las regiones que cuentan con este ingreso y que han tenido la oportunidad de ubicarse en zonas con abundantes recursos mineros.

Que, otro sector importante que ha sido excluido de forma periódica y permanente en la distribución del canon han sido las municipalidades delegadas que se ubican en los centros poblados, siendo estas las zonas en la que se encuentran los ciudadanos más pobres y sus autoridades municipalidades elegidas democráticamente no pueden efectuar obras en sus respectivas jurisdicciones, estando a merced de la voluntad de las autoridades municipalidades provinciales, por lo que corresponden también atender a este grueso sector de la población hasta ahora marginada en la distribución del canon minero.

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

Respecto al costo que va significar al estado peruano esta modificación del canon no tiene mayor impacto en las arcas fiscales del estado, por el contrario lo oxigena y lo hace más dinámico, toda vez que el dinero obtenido del 50% a la renta perteneciente al canon minero, ya existe y solamente se transfiere a sectores que han sido excluidos a la fecha y con ello se busca la inclusión y el desarrollo equilibrado de las regiones.

Respecto a la disminución de los ingresos de la municipalidad productora o municipalidades productoras, se encuentra plenamente justificado, teniendo en cuenta que la propiedad de los minerales no es de su propiedad, sino es el estado peruano en general, además la poca población a la que atiende, como es el caso de la Municipalidad Distrital de San Marcos, Provincia de Huari, Región Ancash que el presente año (Se refiere al año 2012 que escribí este Anteproyecto, pueden actualizar estos datos con el año en el que nos encontramos) ha percibido la suma de S/ 102.940.292, y atiende a una población electoral de solo 12. 505 (doce mil quinientos cinco electores) pese a los cambios domiciliarios efectuados para ser beneficiarios del  Plan Piloto, en comparación la Municipalidad Distrital de Independencia, de la Provincia de Huaraz, que atiende  región Ancash ha percibido el presente año la suma de S/ 32.056.339, toda vez atiende a una población electoral de 42 871 (cuarenta y dos mil ochocientos setenta y uno electores) en consecuencia, está plenamente justificado la disminución del porcentaje en este extremo, y sobre la disminución general de los porcentajes a las demás municipalidades y al gobierno regional está plenamente justificado, toda vez que el dinero se destinará a las municipalidades delegadas de los centros poblados y a todos los trabajadores del sector público que justamente viven en los mismos distritos, provincial y regiones.

Respecto a los beneficios de la nueva distribución del canon permitirá llegar a  grandes  poblaciones más pobres ubicadas en los municipios de los centros poblados permitiendo efectuar obras de infraestructura en lugares alejados donde en la actualidad el canon no llega, además el pago de la deuda social histórica que tiene estado al trabajador público permitirá dinamizar la economía en los lugares dentro de las localidades y regiones donde  los trabajadores públicos radican de forma permanente y continua pues adquirirán proyectores, estudiarán sus postgrados, se especializarán, construirán sus viviendas, generando trabajo en diversas áreas.

Esto permitirá al estado peruano y a los servidores públicos una relación de respeto mutuo, así mismo el estado será revalorizado ya que la autoestima del trabajador se verá reivindicado y fortalecido, toda vez que muchos servidores públicos han fallecido sin poder haber disfrutado de su derecho, muchos han fallecido por falta de atención médica y por no contar recursos económicos suficientes para comprar buenas medicinas, otros han fallecido en pleno proceso judicial que es costoso y prolongado, no han logrado culminar sus demandas incoadas. Cabe precisar que sólo el 15% del total del canon será destinado para este fin lo que significa que las obran de impacto regional y local se encuentran plenamente garantizado.           

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACION NACIONAL

La presente modificación de la ley del canon, se encuentra acorde a un estado de derecho moderno, pues permite utilizar los ingresos provenientes del canon de forma responsable y con sensibilidad social, garantizando las obras públicas y el desarrollo y reconocimiento de los trabajadores públicos. Además garantiza la estabilidad y el desarrollo de las actividades en un clima de tranquilidad a todos los sectores de la población.       

Propone a consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley;

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY N° 27506 LEY DEL CANON, modificados por la Ley N° 28077 y por la ley N° 28322.

ARTÍCULO 1.- MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 5.2. DEL ARTÍCULO 5

Modifíquese el numeral 5.2. del artículo 5° de la Ley N°27506, Ley de Canon, modificado por la ley N° 28077, y vuelto a modificar por la Ley N° 28322, por el texto siguiente:

ARTÍCULO 5.- Nueva distribución del canon

(…)

5.2. El canon minero será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a lo que fije el Ministerio de Economía y Finanzas, en base a los criterios de población, pobreza, déficit de infraestructura, necesidades básicas insatisfechas y la deuda social interna a los trabajadores, su distribución es la siguiente:

a) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales de la municipalidad o municipalidades distritales donde se encuentra localizado el recurso natural.

b) El 20% (veinte por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales de la provincia o provincias donde se encuentra localizado el recurso natural, excluyendo al distrito o distritos productores.

c) El 35% (treinta y cinco por ciento) del total recaudado para los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones, excluyendo a la provincias o provincias donde se encuentra el recurso natural.

d) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para las municipalidades delegadas de los centros poblados quienes se prorratearan los ingresos en partes iguales, excluyendo a las municipalidades delegadas de la provincia productora. 

e) El 20% (veinte por ciento) del total es transferido al gobierno regional al que pertenece el distrito productor donde se encuentra el recurso natural. El gobierno regional debe entregar el 30% a las universidades nacionales que se encuentren dentro de la jurisdicción.

f) El 15% (quince por ciento) del total es transferido para el pago de las deudas sociales que el estado tiene a todos los trabajadores estatales de la región en donde se produce los minerales metálicos y no metálicos, priorizando al Sector Educación y al Sector Salud.

El 100% (cien por ciento) del monto a distribuir corresponde a lo  generado por el canon en cada región o regiones en cuya circunscripción se encuentran los recursos naturales”.

Para efectos de la distribución señalada en los literales c) y d), la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional de Lima se excluirán mutuamente conforme a lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el caso de la Provincia Constitucional del Callao el total recaudado a que se refiere el literal c) del numeral 5.2 se distribuirá entre las municipalidades distritales y provincial.”

Artículo 2.- Modificación del numeral 6.2. del Artículo 6 de la Ley 27506

Modifícase el artículo 6 de la Ley N° 27506, modificado por el artículo 4° de la Ley N° 28077, en los siguientes términos:

 “Artículo 6°.- Uso del canon por el gobierno regional y municipal.

(…)

6.2. Los porcentajes por concepto de canon que le correspondan a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, así como las municipalidades delegadas serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente; el porcentaje del 30% (treinta por ciento) que le corresponde a las universidades públicas de la circunscripción de la región es destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica,  y tecnológica, así como a la innovación que potencien el desarrollo nacional. Respecto al porcentaje que corresponde al pago de la deuda social interna que se tiene a los trabajadores estatales serán transferidas al titular del pliego regional y/o a las unidades ejecutoras de forma directa para el pago correspondiente. EL canon petrolero mantiene las condiciones actuales de sus ejecución.”

Disposición Transitoria

ÚNICA.- Modificatorias al Reglamento de la Ley de Canon

En un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo expedirá el respectivo Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas, de Energía y Minas,  de Agricultura y del Ministro de Educación que modifique el Reglamento de la Ley de Canon, aprobado por Decreto Supremo N° 0187-2004-EF, según las modificaciones establecidas en la presente Ley.

Disposiciones Complementarias y Finales

PRIMERA. - Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a partir de la entrada en vigencia del reglamento correspondiente

.

SEGUNDA.- Del total recaudado a que se refiere el literal a) del numeral 5.2 del artículo 5° de la Ley N° 27506, sustituido por el artículo 2° de la presente Ley, se destinará el veinte por ciento (20%) a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explote el recurso natural.

TERCERA. - Deróguese  las  disposiciones que se opongan a la presente Ley.

NOTA IMPORTANTE.- Como el presente Anteproyecto de Ley, es de mi autoría, permito la copia de todo o parte del presente Anteproyecto de ley, de forma gratuita, sólo con la condición de que citen la fuente, a cualquier Congresista de la República del Perú, excepto aquellos cobardes que habiéndolo conocido o habiéndolo tenido en sus manos, no lo lucharon para su aprobación en su oportunidad, y son:

1.- Congresista Modesto Julca de Ancash, (su asesor conocido  cariñosamente como Mono, lo tuvo en sus manos y al final, lo perdió y me dijo que le mande nuevamente el documento, lo que cumplí, pero al final no hizo nada).

2. Tampoco puede usarlo Fredy Otarola Peñaranda (quien recibió a un delegación de docentes de Ancash en el Congreso, en pleno proceso de huelga de 2012, al final votó en contra de los derechos del magisterio y  permitió la pérdida de la estabilidad laboral y mancilló otros derechos ganados y lo más inaudito, dijo que no tenía la atribución de presentar proyectos de ley de esta naturaleza porque la Constitución lo prohibía, mala broma y purísima cobardía para uno que se desenvolvía antes como notario).

3. Tampoco lo debe usar Heriberto Benítez, también por Ancash, un ejemplar de este documento se le alcanzó  al asesor político apellidado Cano, del Presidente César Alvares, quien se comprometió canalizar ante el congresista en mención, quienes preocupados por la rebaja del porcentaje  de la distribución del canon minero en el presente anteproyecto al Gobierno Regional, también boicotearon esta propuesta de reforma.  

Los demás congresistas, no citados en mi prohibición, pueden utilizarlo y presentarlo libremente, para que de una vez por todas se respete a los trabajadores estatales de nuestra patria, que se les adeuda por diversos derechos y bonificaciones y que años y años están esperando que se les pague.