NOMBRAMIENTO PARA DEFENSORES DE OFICIO, YA

En homenaje al ilustre

Doctor Florencio Mixán Mass,

por su invalorable

contribución al Derecho Peruano.

Como es de público conocimiento los gobiernos de turno, ya desde varios años atrás vienen maltratando a los trabajadores del derecho: los defensores de oficio, negándoles el justo derecho de la estabilidad laboral al negarles el ansiado nombramiento. Es preocupante que el Ministerio de Justicia, no implemente el nombramiento en esta área de la administración pública. El gobierno no es claro, ni coherente en su actuar y a todos estos profesionales, como a casi todos los demás contratados de diversos sectores los ha agrupado en el ya tristemente famoso CAS.

Se sabe por experiencia que la contratación temporal permite el manejo muchas veces parcializado de los funcionarios que son de confianza (más por cuestión política que técnica) y que ni siquiera han concursado para dichos cargos y más aún si se tiene concentrado en Lima todo el poder para manejar todas las plazas existentes y no sólo de la defensoría de oficio, y se ha observado que en más de una ocasión estos concursos lo han manejado con subjetivamente y sin la seriedad del caso, pues ni siquiera cumplieron con lo cronogramado, ni programado, por ejemplo programan para un examen escrito y no lo implementan, se saltean a la entrevista y en este acto el postulante está a merced de humor de irresponsable jurado que cual dioses de barro se desintegran al ser examinados.

Este nombramiento, no debe ser exclusivamente para los que ya están trabajando, como lo pretenden la mayoría de defensores de oficio, sino que debe de implementarse un Concurso Público abierto para que todo profesional del derecho que pretenda ingresar lo pueda hacer, si cumple con los requisitos y gane el concurso, claro está. Y como el nombramiento de defensores de oficio esta en la nevera desde hace mucho tiempo atrás y está exageradamente congelado, se le exige al gobierno central implemente el nombramiento de estos profesionales ya que dicha condición es un derecho que debe reconocerse.

Otro de los aspectos fundamentales que debe de tenerse en cuenta es que se debe descentralizar administrativamente esta área del Ministerio de Justicia y se le debe dar autonomía a los entes regionales a fin que puedan contratar, dar por concluido o rescindir los contratos de estos defensores, también de darle las facultades para nombrar o cesar a los mismos, además de otorgarles todas las facultarles inherentes al sector (para que ello suceda debe implementarse una Dirección Regional de Justicia o ponerle cualquier otra denominación pero éste debe ser un órgano que dependa del gobierno regional, debe quedar claro que no importa quien este como presidente regional) En la actualidad estos actos administrativos de personal se encuentran aún centralizados en la ciudad de Lima, lo que ya no debe continuar, porque nuestros profesionales están bien formados y tienen la plena capacidad para regir los destinos de nuestra región. Esta concentración injustificada del poder debe concluir en el Ministerio de justicia, no existe ningún argumento valido que justifique dicha situación a no ser que haya intereses del centralismo para seguir manejando estos actos administrativos. En otras áreas ya se siente la descentralización, tal es el caso de Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud entre otros, por tanto el Ministerio de Justicia no es la excepción y también debe entrar a dicho proceso.